El derecho fundamental a la protecci\u00f3n de los datos personales, constitucionalmente reconocido en el art. 18.4 CE, es aquel que tiene todo ciudadano para controlar sus datos personales y para disponer y decidir sobre los mismos.<\/p>\n
Estudio de caso<\/strong><\/p>\n Parece conveniente recordar que fue nuestro Tribunal Constitucional, en Sentencia 292\/2000, de 30 de noviembre, <\/em>que trae su causa en el recurso de inconstitucionalidad contra ciertos incisos de los arts. 21.1 y 24.1 y 2 de la Ley Org\u00e1nica de Protecci\u00f3n de Datos de Car\u00e1cter Personal de 1999, el que por vez primera habla del Derecho fundamental de protecci\u00f3n de datos como derecho aut\u00f3nomo<\/strong> (distinto del derecho a la intimidad):<\/p>\n \u00abEste derecho fundamental a la protecci\u00f3n de datos, a diferencia del derecho a la intimidad del art. 18.1 CE, con quien comparte el objetivo de ofrecer una eficaz protecci\u00f3n constitucional de la vida privada personal y familiar, atribuye a su titular un haz de facultades que consiste en su mayor parte en el poder jur\u00eddico de imponer a terceros la realizaci\u00f3n u omisi\u00f3n de determinados comportamientos cuya concreta regulaci\u00f3n debe establecer la Ley, aquella que conforme al art. 18.4 CE debe limitar el uso de la inform\u00e1tica, bien desarrollando el derecho fundamental a la protecci\u00f3n de datos (art. 81.1 CE), bien regulando su ejercicio (art. 53.1 CE). La peculiaridad de este derecho fundamental a la protecci\u00f3n de datos respecto de aquel derecho fundamental tan af\u00edn como es el de la intimidad radica, pues, en su distinta funci\u00f3n, lo que apareja, por consiguiente, que tambi\u00e9n su objeto y contenido difieran\u00bb.<\/p>\n<\/blockquote>\n Accede al texto \u00edntegro de la sentencia:<\/p>\n\n